SUSPENSION DE LAS EJECUCIONES DE HIPOTECAS, ¿EFECTIVA?

hipotecas

 Recientemente, y ante la actual situación de crisis y alarma social generada por los desahucios derivados del impago de las hipotecas, el actual Gobierno adelantó una norma por la que se suspenden las ejecuciones de las hipotecas durante un período de dos años. Pero, ¿quién puede acogerse a la suspensión de lanzamientos de viviendas habituales? La ley señala que aquellos grupos que se encuentren en supuestos de especial vulnerabilidad


¿Y quién puede entenderse especialmente vulnerable? Esto es lo que establece la Ley:

Familias numerosas según la ley vigente.

Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo. Esto es un solo progenitor en el ámbito familiar.

Unidad familiar con un menor de tres años.

– Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

– Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

– Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

– Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual.

No obstante pertenecer a una grupo especialmente vulnerable, se han de cumplir unos requisitos económicos. Son los siguientes:

– Que todos los miembros de la unidad familiar no ganen más de 1.597,53 € mensuales o 19.170,39 € anuales. Por unidad familiar se entiende el deudor, su cónyuge, no separado legalmente, o pareja de hechos inscrita y los hijos independientemente de la edad que convivan en el domicilio.

– Que en los 4 años anteriores a la solicitud la unidad familiar haya sufrido un cambio significante de sus circunstancias económicas. Esto significa que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar debe haberse multiplicado al menos por 1,5.

– Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 % de los ingresos netos del conjunto de todos los miembros de la unidad familiar.

– Que se trate de un crédito o préstamo hipotecario que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

Ciertamente, estas condiciones económicas limitan mucho la suspensión de las ejecuciones que recordemos son solo para un período de 2 años. Después habremos de estar a las actuaciones del Gobierno para ver si se produce un cambio en la Ley Hipotecaria o bien transcurrido el plazo de dos años se vuelven a producir las ejecuciones en masa que hemos vivido.

¿ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS?

tasa judicial

¿Qué son las tasas judiciales? Es la tasa fiscal que debe abonarse a la Administración por el hecho de acudir a la justicia. En un principio únicamente afectaba a las grandes empresas, aseguradoras y bancos. No obstante, tras la aprobación de las últimas medidas afecta a todos por igual, sean empresas o personas, salvo aquellos que estén acogidos a la justicia gratuita. La tasa se compone de una parte fija según el procedimiento y una parte variable en base a la cuantía. Si la tasa no se abona no se admitirá a trámite el procedimiento judicial.

¿Quién o qué hechos judiciales están exentos?

No existen tasas en el orden penal. Las denuncias para el seguimiento de delitos y faltas, violencia de género no deberán abonar tasa alguna.

En el orden civil y mercantil están exentos:

Procesos de capacidad, filiación y menores. También los procesos matrimoniales que versen sobre menores (custodia y alimentos).

Reclamaciones inferiores a 2.000,00 €.

Concurso voluntario solicitado por el deudor.

En el orden social, es decir, aquel que afecta a los trabajadores en sus relaciones con el empresario solo se debe pagar la tasa en los casos de recurso contra sentencia. En el caso de trabajadores por cuenta ajena tendrán un descuento del 60 %, es decir, un trabajador que no estuviera de acuerdo con la resolución tendría que pagar una tasa de 200,00 € fijos.

En el orden contencioso administrativo solo están exentas las reclamaciones contra la administración que se inicien consecuencia del silencio de la propia administración. Es decir, si hemos presentado una reclamación contra un Ayuntamiento y este no contesta en el plazo legal no se deberá abonar la tasa.

La medida se ha adoptado con efectos recaudatorios aunque se haya alegado que es para mejorar la justicia en este país, colapsada por los pleitos. Lo cierto es que atendiendo a la actual situación económica el derecho al acceso a la justicia de la clase media queda comprometida y el derecho a apelar casi anulado por completo. La justicia puede considerarse hoy más que nunca la justicia de los ricos.

EL CIUDADANO FRENTE A LAS HIPOTECAS

 

Nuevamente presentamos un artículo cuyo contenido refiere a las medidas adoptadas por el actual Gobierno, como consecuencia de la actual crisis que ha dejado a multitud de familias en una situación precaria ante la imposibilidad de mantener las hipotecas contratadas con las entidades financieras para la adquisición de una vivienda. Miles de familias han visto como los bancos y cajas de este país se han apropiado de las viviendas y, aún así, continúan pagando la hipoteca, afectando irremediablemente a sus condiciones de vida. Es por ello que surge la dación en pago. Medida que a través de la última regulación estatal explicamos para todos aquellos que se vean afectados por la imposibilidad de abonar la hipoteca.

Para poder hacer entrega de la vivienda a la entidad financiera el deudor ha de encontrarse en situación de umbral de pobreza. Pero, ¿qué significa? Estos son las siguientes circunstancias que han de cumplirse:

–         Todos los miembros de la familia (deudor, cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho así como los hijos que vivan en el domicilio con independencia de la edad) han de carecer de ingresos derivados del trabajo o actividades económicas. De esta forma, aunque se trate de la venta de cualquier producto, por ejemplo, en el que se obtenga una comisión tampoco se puede acoger a esta opción.

–         La cuota de la hipoteca ha de ser superior al 60 % de los ingresos que perciba toda la unidad familiar.

–         Todos los miembros de la unidad familiar han de carecer de otros bienes con los que poder soportar la hipoteca, es decir, otras viviendas por ejemplo o incluso una pequeña porción de tierra en el pueblo con ocasión de una herencia.

–         Ha de tratarse de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías. Como por ejemplo avales personales sean económicos o con otras viviendas.

–         El crédito ha de ser sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para su adquisición.

Todo ello debe ser acreditado a través de certificados de la Seguridad Social, de los Registros de la Propiedad, Libro de Familia, Certificados de Empadronamiento, Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, escrituras de propiedad y compraventa así como por una declaración del deudor conforme se cumplen los requisitos anteriormente señalados.

No obstante, entendemos que se trata de una medida que tendrá poco uso dado que en ciudades con Barcelona o Madrid las familias cuyo valor del piso sea superior a 200.000 € no podrán acogerse. Tampoco en el caso que se tengan otras deudas financieras como por ejemplo las adquiridas con entidades financieras a través de la tarjeta de crédito por ejemplo. Si se ha anunciado la subasta en el procedimiento de ejecución tampoco se puede acoger a esta opción. En conclusión entendemos se trata de una norma básicamente excluyente que no permitirá solucionar los actuales problemas de parados de larga duración frente a las hipotecas.

Para más información y trámites para acceder a la dación de pago:   http://www.abogadostercersector.org/contacto/

INICIACIÓN A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA PYMES Y ONGs

 

Los avances informáticos y tecnológicos permiten el envío, uso y tratamiento de datos de carácter personal en muchos ámbitos. Es una obligación de empresas, profesionales, ong’s y asociaciones hacer un uso adecuado de los datos personales que pueda ser facilitado por los particulares. Desde la simple carta ordinaria al correo electrónico y las páginas web nos hemos de comprometer a resguardar los datos personales de aquellas personas que nos los faciliten.

Entre las obligaciones hemos de crear un fichero donde podamos asegurar la protección de los datos personales y su uso correcto. Fichero que debe ser autorizado por la Agencia Estatal de la Protección de Datos mediante los correspondientes formularios y en el que deben constar, a grandes rasgos, los datos del responsable del fichero así como el domicilio en el que se encontrará. Sin la presente formalidad frente a la administración cualquier gestión de datos será ilegal y puede conllevar la correspondiente sanción económica.

No obstante, también debemos cumplir con las obligaciones respecto de las personas que ceden sus datos personales: en todo momento deben ser informadas de sus Derechos, es decir, sobre la posibilidad de acceso, rectificación y cancelación u oposición.

Todo ello nos permitirá que los datos personales sean tratados por nuestra con toda la seguridad que establece la Ley así como daremos seguridad a nuestros trabajadores, colaboradores o clientes.

¿Quieres más información?

Te puedes matricular en nuestro taller sobre la “Ley de protección de datos” o bien solicitar asesoramiento a darribas@apfos.org